La directora de Operaciones de Smart City Cluster, Verónica Ramírez, ha explicado que la normativa vio la luz en junio de 2022 para establecer el marco administrativo y político que respondiera a las necesidades de los municipios más pequeños, principalmente los de los de menos de 5.000 habitantes. “Una norma que hemos aplicado con éxito en la Estrategia de Territorio Inteligente que elaboramos para Castilla-La Mancha y que determina una estrategia común para armonizar a los distintos municipios”, ha detallado.

En este sentido, Carlos Alarcón, de la Diputación de Valencia, ha insistido en que el primer desafío que hay “es cómo aunamos todas esas planificaciones, cómo intentamos incidir en que los municipios hagan más o menos una planificación conjunta”. Su receta: ayudar a los municipios con apoyo de las comarcas y de las mancomunidades para que los ayuntamientos se alineen con la estrategia provincial. Y ha dejado claro que la normativa hace referencia a la participación de todos los actores locales: de los ciudadanos y las empresas. “Hay que escucharlos. Ahí es donde tenemos que hacer mucho énfasis. Si no escuchas a dónde quieren llegar, no vamos a ser capaces de ir todos de la mano. Hablar mucho es parte de la inteligencia también”.

Por su parte, Juan Antonio Blanco, de Silice, ha remarcado la estrategia de dotar a los territorios para que ofrezcan servicios en todos aquellos espacios digitales donde los ciudadanos se encuentran. Dos ejemplos: Bogotá, con 8 millones de habitantes y un problema grave de falta de agua, utiliza un asistente virtual que informa de manera proactiva a los ciudadanos en qué zonas va a haber restricciones. O Zahara de la Sierra, con servicios automatizados para que los ciudadanos accedan a través del canal que quieran. “Lo primero que tienes que hacer es escuchar y conocer al ciudadano. Nosotros trabajamos mucho en la creación de la huella digital, que es intentar conocer las preferencias y los intereses de los ciudadanos para que realmente las comunicaciones que le enviemos tengan un valor. Y, a partir de ahí, promover la participación en base a aquellos intereses que realmente tiene el ciudadano”.

Por último, Francisco Javier Delgado, de la Diputación de Salamanca, ha destacado la importancia de proteger los datos y los modelos de analítica de la posible contaminación de los propios datos. “El reto es poder pasar del dato, de los muchos que manejamos, al conocimiento mediante herramientas accesibles para todos nosotros y que estén disponibles sin grandes esfuerzos”, ha concluido.